Publicado: 30 de Mayo de 2017

El pasado 11 de mayo el Tribunal Constitucional dictó sentencia de inconstitucionalidad en relación a determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido por todos como la “plusvalía municipal”.

Siguiendo la misma línea que la empleada hace unos meses, en relación a la norma foral de Guipúzcoa y de Álava (STC 37/2017 de 1 de marzo), el Tribunal Constitucional ha generalizado para el conjunto del país el criterio de que no puede exigirse el pago de este impuesto, cuando no se haya producido un incremento en el valor del suelo. 

Es decir, los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble. 

El Alto Tribunal considera ahora que este impuesto vulnera el principio constitucional de "capacidad económica" (art. 31.1 de la Constitución), al considerar que, con la normativa actual, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, inclusive cuando se ha producido un decremento del mismo.

Por ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos la ley cuestionada, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor” puesto que el “impuesto sobre las plusvalías” no es contrario al texto constitucional, en su configuración actual, sino que lo es únicamente en aquellos supuestos en los que al momento de la transmisión no se presenta un aumento de valor. Es más, de la fundamentación jurídica de dicha sentencia se desprende que el método de cuantificación objetiva del impuesto, que parte del valor catastral, es válido, pero única y exclusivamente para los casos en que se produce un incremento de valor, sea cual sea el importe del mismo. 

El Tribunal concluye que a partir de ahora corresponde al legislador llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

En consecuencia, en aquellos supuestos en que se han transmitido inmuebles con pérdidas, situación que se ha dado en la mayoría de los casos en los últimos años, el contribuyente puede reclamar a la Administración la devolución de lo pagado en concepto de plusvalía.

Sin embargo, ha de saber el contribuyente que, el planteamiento de esta reclamación dependerá del modo en que se haya hecho efectiva la liquidación.

Es evidente que el pronunciamiento del Constitucional allana el camino para reclamar el importe de plusvalía en los casos en que las transmisiones se han venido realizando a pérdidas; y, en todo caso será el contribuyente quien deba probar la inexistencia de incremento de valor.